La evasión fiscal ha sido históricamente uno de los grandes males de nuestro país, con un notable impacto negativo en la economía, y que evidenciaba, por un lado, la debilidad e ineficacia de nuestras instituciones de control y, por el otro, el deterioro moral de los potenciales contribuyentes, así como la complicidad de algunos funcionarios públicos corruptos. El nivel de vida de la mayoría de quienes prestan servicios en la Dirección General de Aduanas no se compadecía con sus ingresos salariales, una desproporción que siempre gozó de impunidad.
Ni las mansiones suntuosas ni los vehículos lujosos –hasta caballos de raza– que ostentaban merecieron alguna investigación profunda, salvo algunos esporádicos casos, por lo que el sistema continuó gozando de buena salud, a pesar de los cambios de gobierno cada cinco años. Se turnaban los hombres en la cúspide del poder, pero, ahí abajo, toda la estructura del sistema de corrupción seguía intacta. A tal punto llegaba el relajo ético que algunos gremios empresariales argumentaban que muchos de sus miembros se resistían a pagar sus impuestos porque no veían el resultado de sus aportes, cuando que son dos ámbitos bien distintos: el primero, la responsabilidad personal de cumplir con la ley, y el segundo, la responsabilidad ciudadana de exigir al Estado –por los caminos legales– que cumpla con su cometido constitucional.
En ese ambiente de falsa tensión siempre salía perdiendo el pueblo, los sectores sociales más carenciados, porque las inversiones nunca eran suficientes para sacarlos de su situación de postración económica por falta de recursos o, simplemente, se los dejaba de lado con programas y proyectos que nunca llegaron a concretarse. O promesas electorales que jamás vieron la luz de la realidad. Pero algo ha cambiado en los últimos días. Con señales que auguran un giro auspicioso para erradicar el anterior esquema de latrocinio, despilfarro y distorsión dolosa de los ingresos tributarios. Aumentó la recaudación en 400 millones de dólares en el mismo periodo que el ejercicio pasado. Y la meta es alcanzar el récord de 700 millones de dólares.
La creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de fuerte oposición mediática y de los propios funcionarios de algunas dependencias públicas que fueron eternamente beneficiados con el esquema de contenedores que pasaban en “frío”, fue, sin duda alguna, la clave para los buenos resultados. Su director, Óscar Orué, afirmó que la lucha efectiva contra la corrupción, el contrabando y la evasión fue posible mediante la trazabilidad de las mercaderías que ingresan al país. De igual manera, aumentaron los mecanismos de control en la Dirección General de Aduanas.
Por otro lado, es dable suponer que el sector empresarial también asumió mayor conciencia de su papel, a partir de la confianza que le está generando el gobierno del presidente Santiago Peña. Como era de esperarse, este logro fenomenal, en un medio donde la ilicitud era la norma, no tuvo un eco consecuente en las corporaciones mediáticas que apuestan decididamente al fracaso de la actual administración ejecutiva. Que no se tome como que están haciendo “propaganda” al enemigo. Les duele, les molesta, les corroe las entrañas esta muestra de que, con honestidad y patriotismo, se pueden alcanzar grandes objetivos. Y en el menor descuido intentarán encontrar alguna imperfección o, como es costumbre, la crearán para empañar esta conquista formidable de incrementar los ingresos fiscales.
Ahora viene una segunda parte en la que el Gobierno asumirá toda la responsabilidad: en qué serán invertidos esos ingresos. La razón práctica y la experiencia de países iguales al nuestro –en etapa de desarrollo– nos indica que habrá de destinar esos recursos en educación, salud y obras de infraestructura que, al mismo tiempo, generarán más empleos. Estas obras, como bien hemos señalado en decenas de oportunidades, no se reducen a la construcción de rutas, como fue habitual durante el mandato de Mario Abdo Benítez por un hecho por demás obvio: su empresa era la proveedora exclusiva del asfalto utilizado para tal menester. Las obras de infraestructura incluyen no solamente la construcción de redes de carreteras, sino también la provisión de agua potable, líneas eléctricas, aeropuertos, alcantarillados, etcétera, que son las bases materiales del desarrollo social.
De hecho, la DNIT tiene entre sus funciones esenciales la recuperación de la confianza ciudadana, mediante la incorporación de “herramientas tecnológicas puestas a disposición de los contribuyentes, además del valioso aporte de colaboradores competentes, íntegros y comprometidos, propiciando la mejora continua e innovación constante en los servicios”. He ahí las palabras clave que deben constituir los rostros del nuevo Estado: competencia, integridad y compromiso. La mencionada institución también aplica una política de calidad para promover la transparencia y la eficacia. Esa confianza de la cual hablamos acaba de reforzarse con la detección y caída de una millonaria carga de cocaína que tenía como destino Europa.
La creación de la DNIT es, probablemente, uno de los más grandes logros de este gobierno. Y debería ser su mayor legado para los que vendrán después. El tiempo se encargará de hacer justicia, a pesar de los agoreros y empedernidos detractores del presente. Ninguna maldad dura para siempre. Tarde o temprano el bien siempre se impone.
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