El desmantelamiento de campamentos, intervenciones de depósitos de drogas y la serie de incautaciones que viene realizando el Gobierno mediante operativos en conjunto entre varias instituciones del Estado deben avanzar con fuerza en el objetivo de debilitar y de ser posible eliminar el ilícito en nuestro país.
Los índices de inseguridad, desmembramiento familiar y violencia social atribuyen la causa al tristemente dominante consumo de drogas y demás estupefacientes, problema que se manutuvo en el freezer por años.
Es importante que, pese a los malos presagios y agendas negativas de la oposición mediática, los esfuerzos continúen fortalecidos contra un flagelo que ha ganado mucho terreno y muy aceleradamente en los últimos años.
Desde el abandono de los puestos de control en los puertos ejecutado perversamente en el gobierno anterior, dejando la cancha libre a los jugadores del ilícito, nuestro país sufrió un desplome de imagen internacional que se agrava con el estatus de un corredor logístico narco que nos atribuyen. Esto incentiva el negocio en todos los niveles y por ello es urgente que se insistan en estas tareas de desmantelamiento y persecución que se están realizando a lo largo y ancho del territorio nacional.
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) rescató el trabajo en conjunto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) al que se suma el Ministerio Público y otros organismos de seguridad, hecho que resulta clave en el afán de que los operativos sean coordinados y, por ende, exitosos.
El trabajo interinstitucional es fundamental para el golpe al narcotráfico. Parte de estos resultados se puede mencionar el operativo de hace un par de días que derrumbó un negocio que oscilaría en 3.240.000 dólares en el mercado. Esto, gracias al desmantelamiento de 12 campamentos de plantación de marihuana en el Parque Nacional Caazapá.
Los voceros anunciaron que en la primera jornada de trabajo se sacó de circulación 108 toneladas de droga provenientes de la plantación de marihuana en el mencionado parque de Caazapá.
Si recogemos los operativos recientes como la destrucción de 14 toneladas de marihuana en Amambay valuadas en unos USD 420 mil, otras 450 toneladas destruidas en la misma zona valuada en unos USD 13 millones; otros como la erradicación de toneladas de marihuana en Alto Paraná, en Central, la captura de proveedores y deliverys de cocaína en varios departamentos como los comunicados en zonas de Itapúa, Concepción, procedimientos semanales que informan de miles de kilos de marihuana y cientos de dosis de cocaína incautadas con perjuicios en varios millones de dólares al narcotráfico, estimulan las esperanzas de que estas prácticas terminen debilitadas.
Estas tareas en un contexto de prevención y atención primaria sanitaria que afectan a consumidores y que están siendo impulsados por el Gobierno a través del programa Chau Chespi que involucra a la Senad, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, etc. deben ser apoyadas desde todos los sectores del Estado.
El objetivo no es fácil y el oscuro negocio se expandió. A esto se suman intereses políticos en espera de malogrados proyectos que les reditúen algún posicionamiento ante los electores.
La alianza que puedan consolidar las instituciones pertinentes será fundamental para que se fortalezcan las batallas contra las drogas.
El rumbo trazado y los planes previstos tienen que, necesariamente, ser persistentes ante los frentes que se irán generando por oportunistas indiferentes a los males reales que aquejan a la población. El Gobierno debe sumar todos los esfuerzos posibles, no perder un solo minuto del tiempo en cuestionamientos sin sentido para poder continuar fortalecido en el afán de pelear contra el negocio y el perjuicio de las drogas.